Arraigo familiar

Los dos supuestos, literalmente

El artículo 127.e) del Reglamento recoge dos situaciones y no admite analogías:

Primero. Ser padre, madre o tutor de un menor nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, siempre que al solicitar se acredite residir en territorio nacional, tener a cargo al menor y convivir con él, o estar al corriente de las obligaciones paternofiliales.

Segundo. Ser quien presta apoyo a una persona con discapacidad nacional de otro Estado miembro de la UE, del EEE o de Suiza para el ejercicio de su capacidad jurídica, siempre que la persona solicitante sea su familiar, la tenga a cargo y conviva con ella.

Fíjate en el detalle que decide la mayoría de los casos: el menor o la persona con discapacidad debe ser nacional de otro Estado de la UE, del EEE o de Suiza. Si el menor tiene nacionalidad española, la vía no es esta sino la autorización de familiar de persona española, que sigue un régimen distinto.

La alternativa entre convivencia y obligaciones paternofiliales es deliberada y muy útil: un progenitor separado que no convive con el menor pero está al corriente de sus obligaciones puede acreditar el requisito.

Cómo se acredita cada pieza

El vínculo: certificado de nacimiento del menor con filiación, o documento de tutela, legalizado o apostillado y traducido cuando proceda.

La nacionalidad del menor o de la persona con discapacidad: pasaporte o documento de identidad del Estado de la UE, del EEE o de Suiza en vigor.

La convivencia: certificado de empadronamiento colectivo del domicilio. Cuando no hay convivencia, se acredita estar al corriente de las obligaciones paternofiliales con el convenio regulador o la sentencia, más justificantes de pago de la pensión de alimentos.

Tener a cargo: prueba del sostenimiento económico efectivo, que se construye con transferencias, gastos escolares, sanitarios y de vivienda.

La discapacidad y el apoyo, en el segundo supuesto: resolución de reconocimiento de la discapacidad y la resolución judicial o el documento que establezca la medida de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica.

Si además necesitas traer a un familiar desde el extranjero, esa es otra vía distinta: reagrupación familiar.

Cómo es el procedimiento

La autorización por circunstancias excepcionales no requiere visado y se solicita personalmente ante el órgano competente, salvo en el caso de menores o de personas que necesitan apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, donde puede presentarla su representante legal.

Con la solicitud se aporta copia completa del pasaporte en vigor, cédula de inscripción o título de viaje válido en España; el contrato de trabajo firmado cuando se exija; y la documentación que acredite la situación concreta que se alega. Para los arraigos se aporta además el certificado de antecedentes penales del país o países donde se haya residido durante los cinco años anteriores a la entrada en España. La oficina de extranjería pide de oficio el informe del Registro Central de Penados y el informe policial.

Hay dos supuestos en los que no hace falta acreditar antecedentes de terceros países: haber permanecido de forma continuada en España los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud, o haberlo acreditado en una solicitud anterior dentro de esos cinco años sin haberse ausentado desde entonces.

Si la documentación está incompleta, la administración requiere subsanación con un plazo que no puede superar los quince días. Si no se subsana, se archiva el expediente por desistimiento. Ese es, con diferencia, el motivo más frecuente de expedientes perdidos que llegan a esta gestoría.

El seguimiento del expediente se hace sin llamar a nadie: ver cómo consultar el estado de un expediente de Extranjería. Concedida la autorización, hay un mes desde la notificación para solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero.